EN CHILE SI HAY PRESOS POLITICOS Y DEBEN SER LIBERADOS DE INMEDIATO
Consultado en un programa de televisión el 8 de noviembre pasado sobre la existencia de presos políticos en Chile, Heraldo Muñoz, el ex Canciller de Bachelet y actual presidente del PPD, que ha anunciado también su intención de postularse como candidato a la Presidencia de la República, atinó a responder lo siguiente: “Mira, hay presos por razones de comisión de delitos, pero no hay presos políticos. En una democracia no hay presos políticos. Los presos políticos de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos son presos de conciencia. En Chile no conozco presos de conciencia”.
La pregunta obviamente aludía a
los centenares de jóvenes que permanecen encarcelados tras haber sido detenidos
por participar en las protestas desencadenadas desde octubre del año pasado y
también a las decenas de comuneros mapuches que han sido detenidos en el
Wallmapu por reivindicar sus derechos ancestrales a la tierra de la que fueron
violentamente despojados. Pero ¿es efectivo que, “de acuerdo al derecho
internacional de los derechos humanos”, únicamente pueden ser considerados
presos políticos quienes han sido arrestados por el solo hecho de tener una
opinión política disidente? ¿Acaso no cabe considerar también como presos
políticos los que han sido arbitrariamente apresados por haber tomado parte en
una manifestación de protesta, ejerciendo con ello un legítimo derecho, y son mantenidos
luego por un periodo abusivamente largo en prisión, sin que se les haya probado
la comisión de delito alguno?
No, para la gente que, como Heraldo
Muñoz, ha cogobernado este país durante los últimos treinta años al servicio de
los grandes empresarios, en Chile “no hay presos políticos” debido a que
“estamos en democracia”. Así de simple. Y ahora, cuando ya la paciencia se
agota ante tanto abuso e hipocresía y la demanda por la liberación de los
encarcelados por participar en manifestaciones de protesta se torna cada vez
más fuerte, se alzan a coro las voces de estos “demócratas” negacionistas. Desde
luego los primeros en la fila son Piñera y sus ministros. Pero luego está también
lo más conspicuo de quienes han gobernado el país desde la otra pata del
duopolio, vale decir la llamada “centro-izquierda” que se autocalifica de
“progresista”. Y el “argumento” que todos ellos esgrimen es siempre el mismo:
en Chile nadie está preso por sus ideas, no hay "presos de conciencia".
Sin embargo, ¡esto es
completamente absurdo! Haciendo pie en esta idea, es decir homologando preso
político a preso “de conciencia”, jamás habrían existido presos políticos, en
ninguna parte del mundo. Nadie puede saber lo que, en su fuero íntimo, otro está
pensando, salvo que aquél lo exteriorice de algún modo, de hecho o de palabra. Y
si de lo que hablamos es de política, esto a lo menos quiere decir que esa
opinión la haga pública, es decir, que se la comunique a otros, y que de estar
genuinamente motivado por ella, busque también plasmarla en ciertas acciones: pronunciar
discursos, llamar a manifestaciones, levantar algún reclamo o demanda, escribir
artículos, pintar alguna consigna en una muralla, concertarse con otros para
realizar colectivamente alguna de estas acciones, etc.
Más aún, si el legítimo ejercicio
de un derecho político, como lo es el de realizar una manifestación de
protesta, trata de ser impedido o es derechamente reprimido por la policía, los
manifestantes ejercerán también, legítimamente, su derecho a realizarla y a defenderse.
Y esto, naturalmente, conlleva la realización de acciones que bien podrían
estar tipificadas en la ley como “delitos”. Pero si a consecuencia de ello
alguien es apresado por este tipo de acciones ¿es posible ignorar su incuestionable
motivación política y homologar lo obrado a un simple "delito común"?
El absurdo reduccionismo que
esgrimen estos negacionistas se torna más evidente si pensamos en una situación
en que impera un régimen opresivo, que se vale del terrorismo de Estado para
existir. ¿Acaso una situación como esa no legitima también “el supremo recurso
de la rebelión contra la tiranía y la opresión” como lo reconoce explícitamente
la propia declaración de los derechos humanos de 1948? ¿Por qué los voceros del
duopolio se empeñan entonces en restringir la calificación de presos políticos
a esa enigmática y al fin de cuentas ilusoria categoría de "presos de
conciencia"? ¿O es que todos quienes, cansados ya de tanta desigualdad,
abuso y corrupción, han decidido pasar al terreno de la acción y se movilizan
para luchar por un cambio social profundo merecen ser calificados y tratados
como simples delincuentes? Con semejante criterio habría que bajar de sus
estatuas a todos los próceres de nuestra independencia.
Lo peor de todo es el ostensible
doble estándar con que suelen operar todos estos sujetos a la hora de clamar
por el respeto a los derechos humanos, contando muchas veces incluso con el
aval de los organismos internacionales que se supone deben velar por ellos. Es
así como rasgan vestiduras por la situación de los derechos humanos en Cuba o
Venezuela, pero callan o minimizan la brutalidad policial, paramilitar o
directamente militar cuando ésta se produce en Cataluña, Francia, EEUU,
Colombia o Chile, o ante las cárceles secretas y las torturas de la CIA o ante los
abominables crímenes y atropellos que comenten las tropas israelíes en
Palestina o yanquis en todo el mundo. El colmo de la hipocresía, o bien de la
estupidez, ha sido el que algunos se atrevan a comparar a este respecto el
régimen de Maduro con el de Pinochet.
En todo caso, nada debe hacernos perder ahora de vista que aún hay centenares de jóvenes que se encuentran abusivamente encarcelados por el solo hecho de haber tomado parte en las protestas populares contra la situación de desigualdad, atropellos y corrupción que actualmente impera en el país, este presunto “oasis” de prosperidad, satisfacción y paz en medio de un mundo convulsionado del que Piñera decía sentirse tan orgulloso. Todos ellos son, incuestionablemente, presos políticos, los presos políticos del piñerismo, cuya libertad continuará siendo demandada, cada vez con mayor energía por sectores cada vez más amplios de nuestro pueblo. La exigencia es clara: ¡todos los presos políticos deben ser dejados inmediatamente en libertad!