¿DE QUE DEMOCRACIA ESTAMOS HABLANDO?
Democracia significa,
literalmente, poder o gobierno del pueblo (de las raíces griegas demos
que significa pueblo y kratos que significa poder). De allí que su
principio constituyente sea el de la soberanía popular: el
soberano es el pueblo y la ley es legítima solo si es una clara expresión de su
voluntad mayoritaria.
La única restricción que en una
democracia cabe imponer a ese poder político de la mayoría es el respeto
universal de los derechos individuales. El reconocimiento y respeto a los
derechos humanos debe ser efectivamente universal y no estar sometido a la
lógica de las mayorías y las minorías.
En consecuencia, la cuestión más
importante en el debate constitucional actualmente en curso será el de la
capacidad que este tenga de arribar a un texto que sea una clara y consistente
expresión de los principios democráticos y que, en consecuencia, permita que
ellos rijan efectivamente nuestra convivencia social.
En este aspecto crucial, tanto
las prácticas a las que se aferran como los alegatos que invocan los sectores
reaccionarios están muy lejos de corresponder a ese objetivo ya que deliberadamente
se orientan a cercenar la soberanía popular con el propósito de distorsionar y
finalmente defraudar la voluntad de la mayoría.
La consulta a la ciudadanía como
su fuente de legitimidad se ha restringido hasta ahora a la mera elección de
"representantes" que una vez electos pueden obrar y decidir de un
modo completamente alejado del real sentir de sus electores, sin abrir siquiera
la posibilidad de consultarlos sobre los temas más sensibles.
Es eso lo que por ejemplo ha sucedido
y sucede en cuestiones tales como la naturaleza del sistema previsional actual
basado en la capitalización individual bajo administración de las AFP, de la
segregación existente en la atención de salud y educación según la capacidad de
pago de las personas y en tantas otras.
En efecto, el poder actualmente
instituido jamás se ha allanado a consultar y someterse a la opinión mayoritaria
de la ciudadanía en estas y otras materias de interés general, empeñándose por
el contrario en imponerle a ella su propia voluntad, e incluso sus prejuiciosas
creencias, a la mayoría del país.
Lo mismo ocurre con la imposición
de normas de procedimiento dirigidas a impedir que la voluntad mayoritaria se
haga valer en el seno de instancias de decisión política como lo es ahora la
Convención Constitucional que, por emanar de una elección popular, pretende
representar ese sentir ciudadano.
Esta es la principal causa del
profundo descrédito del sistema político actualmente existente. No puede ser
más evidente que este sistema no está diseñado para recoger y expresar en
normas legales la voluntad mayoritaria de la nación sino que, por el contrario
y de manera completamente deliberada, para ignorarla.
Y es eso también lo que se expresa
en el insistente y reiterado alegato a favor del irrestricto respeto a las
antidemocráticas reglas de amarre que los firmantes del acuerdo del 15 de
noviembre de 2019 le impusieron al proceso constituyente y la falaz pretensión
de que ellas corresponden a la voluntad ciudadana.
La verdad es que el asunto es
demasiado simple para pretender pasarse de listo repitiendo ese tipo de majaderías.
Si ello es así, si las normas de amarre impuestas al proceso constituyente
expresan la opinión mayoritaria de la ciudadanía, ¿por qué no se le pidió al pueblo
ratificarlas expresamente en el plebiscito?
Como esa consulta no se hizo y
con estas reglas solo se pretende, en contravención al principio democrático,
cercenar la soberanía del pueblo, lo único legítimo y democrático será pedirle
al pueblo soberano que dirima las divergencias que no pudiesen ser resueltas con
arreglo a tales reglas por la Convención Constitucional.
